El informe sobre los resultados conseguidos por el Operativo Lapacho no sólo arrojó cifras millonarias, sino que mostró la peor de las realidades. Las rutas tucumanas son elegidas por narcos, contrabandistas y evasores para desarrollar su actividad. Los números fríos dirán que la valuación de todo lo secuestrado supera los U$S 2,5 millones en apenas cinco meses. Pero siempre se termina imponiendo la misma pregunta: ¿cuánto será lo que no se descubre?

El Lapacho fue un operativo lanzado en mayo de 2022. Era una de las medidas que había implementado Osvaldo Jaldo durante su interinato como gobernador para tratar de evitar que las drogas ingresaran a la provincia. Fue una tarea desplegada por la Policía tucumana en conjunto con Gendarmería Nacional y la Policía Federal. En noviembre pasado, por iniciativa del titular de la fuerza Joaquín Girveau, y avalada por el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, se creó la Dirección de Puestos Fronterizos, división que tiene a su cargo controlar las 14 “puertas legales” de ingreso que tiene la provincia.

Según un informe de la fuerza, entre el 1 de noviembre pasado y el 25 de marzo de este año se realizaron 668 procedimientos, mientras que en idéntico período del 2022/23 fueron 68. El incremento de más del 1.000% se tradujo en resultados. Aumentaron los secuestros de drogas (cocaína en un 1.000%), armas (60%), dinero (más de 6.000%), vehículos y motos (900%), granos (100%), azúcar (100%) y hojas de coca (77%).

La presencia de los uniformados en las fronteras también se hizo sentir: se detuvo a 132 personas, mientras que en el período anterior fueron 20. “Hay que tener cuidado con estas cifras. Sin lugar a dudas son impactantes, pero también muestran que antes se hacía poco o absolutamente nada. Ahora hay que ver si se podrá mantener con el tiempo porque todo esto implica un enorme desgaste”, comentó un funcionario judicial.

El costo del material incautado también es importante. El ranking del valor de lo secuestrado quedó de la siguiente manera: cocaína U$S 1,5 millón; hojas de coca U$S 243.000, éxtasis U$S190.000, marihuana U$S 164.600 y azúcar U$S 143.000. También se encontraron algunas modalidades delictivas que tuvieron repercusión nacional, como haber descubierto que las motos de alta gama robadas en Buenos Aires eran enviadas a Bolivia a través de encomiendas para, posiblemente, cambiarlas por droga.

Un dolor de cabeza

La crisis económica se transformó en un dolor de cabeza para las autoridades. Los países limítrofes volvieron a ser atractivos para los que buscan vestir a su familia o revender las prendas. Los tours de compra a Bolivia tuvieron un importante incremento en los últimos tiempos. Por ejemplo, en un informe de Gendarmería Nacional, por el puesto de control de 7 de Abril, ubicado en la ruta 34, en promedio pasan 21 micros que realizan este tipo de servicio.

“Humanamente es imposible controlar a todos. Estamos hablando de que es uno por cada hora. No tenemos tiempo para controlarlos a todos”, se quejó un gendarme. “El problema es que los bultos en los que llevan los productos ingresados ilegalmente al país esconden drogas. Si uno analiza la situación, es casi la misma ruta que utilizan los narcos”, destacó un funcionario de la justicia nacional.

Tucumán es la única provincia del NOA que cuenta con escáneres móviles para revisar las cargas, mientras que Gendarmería Nacional también tiene esta cantidad de instrumentos, pero los utiliza en la frontera. “Lamentablemente son insuficientes porque tenemos 14 puestos para controlar. Nos complica que seamos los únicos que podemos utilizarlos. Si las otras policías y las fuerzas federales los tuvieran, podríamos distribuir la cobertura”, explicó una fuente del Ministerio de Seguridad.

Otro problema

El crecimiento del comercio virtual generó otro dolor de cabeza. No hay registros oficiales, pero todas las fuentes consultadas dicen que el tráfico de camiones y utilitarios que llevan encomiendas ha crecido de manera exponencial en las rutas de la región. “Es complicado por donde se lo mire. Si encontramos algo, tenemos que revisar bulto por bulto y eso nos lleva horas. A veces son 100 0 1.000 paquetes que debemos analizar. Nos puede llevar un día entero porque se debe descargar y cargar después”, comentó el comisario Fabio Ferreyra, que está a cargo de la unidad especial de la fuerza que se encarga de controlar los puestos fronterizos.

Investigadores y funcionarios judiciales sostienen que este es un problema de difícil solución con la legislación actual. La privacidad de la correspondencia es un derecho constitucional. Cualquier apertura de una encomienda debe contar con autorización judicial y con la presencia de testigos. Las empresas que se dedican a este tipo de transportes tampoco tienen responsabilidad.

“La persona que envía una encomienda, a través de una declaración jurada, se compromete a no mandar algo que está fuera de las normas. Es de ella la responsable, no de la firma que realiza el servicio”, aseguró el comisario Ferreyra.

El gerente de una empresa de correo privado reconoció que es todo un problema. “Tenemos muchos inconvenientes, pero estamos atados de pies y manos. No podemos revisar lo que mandan por cuestiones legales”, explicó. “Tampoco podemos usar escáneres como en los aeropuertos porque no estamos habilitados para hacerlo. Y si lo hiciéramos, no contaríamos con la estructura ni los recursos humanos para hacerlo”, añadió.

Ferreyra aportó otros datos que describen la complejidad del caso. “Hay varias empresas que tercerizan el servicio, lo va abriendo aún más el abanico de posibilidades de transportar elementos de manera irregular”, comentó. “Pero también nos dimos cuenta de que los conductores son tentados para realizar el traslado por cuenta propia. Todo es muy complicado”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

Mayor presencia

“Los resultados que hemos conseguidos con el Operativo Lapacho son positivos. No sólo estamos acabando con las actividades ilegales, sino que logramos colaborar con los entes recaudadores porque detectamos casos de evasión tributaria secuestrando granos y azúcar, fundamentalmente”, sostuvo el jefe de Policía Girveau.

El titular de la fuerza reconoció que cubrir todos los puestos fronterizos es todo un desafío. “Aumentamos los recursos humanos y la presencia policial. Esa es la razón del crecimiento de los secuestros. Vamos a seguir insistiendo con este plan”, destacó Girveau.

Los números al cabo de cinco meses

U$S 1,5 millón
Es el valor en Tucumán de los 434 kilos cocaína secuestrada.

U$S 164.600
Es la valuación de los 34 kilos de marihuana que se hallaron.

U$S 100.653
Cuestan en la calle las 2.990 cubiertas incautadas.

U$S 91.500
Fue la valuación de las motopartes de 12 rodados de alta gama secuestradas.

U$S 73.000
Fue el dinero en efectivo incautado.

U$S 190.100
Calculan que cuestan las 12.000 pastillas de éxtasis halladas.

U$S 243.900
Es el valor en la calle de los 19.705 kilos de hojas de coca secuestradas.

U$S 39.900
Cotizan las 206 toneladas de maíz incautados.

U$S 1.266
Fue la valuación de las dos toneladas de soja transportadas de forma ilegal.

U$S 133.400
Cotizan en el mercado las 182 toneladas de azúcar secuestradas.

U$S 2,5 millones
Es el monto total de todo lo secuestrado.